(Incorporado por la Ley No. 1390 de 27 de agosto de 2021).
La responsabilidad penal de la persona jurídica en delitos de corrupción y vinculados, es independiente de la responsabilidad penal de la persona natural y subsiste aun cuando:
1.No sea posible el procesamiento o no resulte condenado el interviniente, sea éste el órgano, representante o persona natural;
2.La responsabilidad penal de la persona natural se haya extinguido conforme a las reglas de la extinción de la acción penal;
3.No sea posible establecer la participación de los responsables individuales;
4.La persona jurídica haya sido objeto de transformación, fusión, absorción o escisión, en cuyo caso la responsabilidad se trasladará a las entidades en las que se transforme, quede fusionada o absorbida o resulten de la escisión, salvando derechos de terceros de buena fe. En tal caso, la jueza, juez o tribunal moderará la sanción a la entidad en función de la proporción que la originariamente responsable guarde con ella; o,
5.Se produzca la disolución aparente de la persona jurídica. Se entiende por disolución aparente cuando la persona jurídica continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados.