(Modificado por la Ley No. 1390 de 27 de agosto de 2021).
La servidora, servidor, empleada o empleado público que dicte o emita resoluciones u órdenes arbitrarias y manifiestamente contrarias a disposiciones expresas y taxativas de la constitución política del estado, bloque de constitucionalidad o de una ley concreta, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, generando daño económico al estado o afectando sus intereses, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años e inhabilitación.