(Modificado por la Ley No. 1390 de 27 de agosto de 2021).
La servidora, servidor, empleada o empleado público de una institución o empresa estatal que, en razón de su cargo o función se halle en posesión de datos o noticias que deba guardar en reserva, relativos a la política económica interna o externa, inversiones o proyectos del estado plurinacional de Bolivia y los revelara, en beneficio propio o de un tercero, causando daño económico al estado, será sancionado con privación de libertad de dos (2) a cuatro (4) años e inhabilitación.