Código Penal – Ley No. 1768

El que revelare secretos de carácter político o militar concernientes a la seguridad del estado, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años. La sanción será elevada en un tercio, sí el agente perpetrare este delito abusando de la función, empleo o comisión […]

Los extranjeros residentes en territorio boliviano se hallan comprendidos en los artículos anteriores y se les impondrá las sanciones señaladas en los mismos, salvo lo establecido por tratados o por el derecho de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos.

El que procurare documentos, objetos o informaciones secretos de orden político o militar relativos a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores con fines de espionaje en favor de otros países en tiempo de paz, que pongan en peligro la seguridad del estado, incurrirá en la pena de treinta años

El que en tiempo de guerra se introdujere clandestinamente, con engaño o violencia, en lugar o zona militar o fuere sorprendido en tales lugares o en sus proximidades en posesión injustificada de medios de espionaje, incurrirá en privación de libertad de cinco a diez años.

(Modificado por la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997). El que realizare los actos previstos en el artículo anterior, tendientes a someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad, será sancionado con treinta años de presidio.

Delitos contra la seguridad exterior del estado

(Modificado por la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997). El boliviano que tomare armas contra la patria, se uniere a sus enemigos, les prestare ayuda, o se hallare en complicidad con el enemigo durante el estado de guerra extranjera, será sancionado con treinta años de presidio sin derecho a indulto.

Delitos contra la seguridad del estado

Las sanciones accesorias prescribirán en tres años, computadas desde el día en que debían empezar a cumplirse, y las medidas de seguridad, cuando su aplicación, a criterio del juez y previos los informes pertinentes sea innecesaria, por haberse comprobado la readaptación social del condenado.

(Modificado por el Código de Procedimiento Penal de 25 de marzo de 1999). El término de la prescripción de la pena se interrumpe por la comisión de otro delito, con excepción de los políticos.