(Declarado inconstitucional – Jurisprudencia – Sentencia Constitucional No. 2012 1250, 20 de septiembre de 2012).
El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años.
Sí los actos anteriores fueren dirigidos contra el presidente o vicepresidente de la república, ministros de estado o de la corte suprema o de un miembro del congreso, la sanción será agravada en una mitad.