(Incorporado por la Ley No. 263 de 1 de agosto de 2012).
La servidora o servidor público que sin debida autorización revele información obtenida en el ejercicio de sus funciones que permita o dé lugar a la identificación de una víctima, testigo o denunciante de trata y tráfico de personas, y delitos conexos, será sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a ocho (8) anos.